Milei desregula el mercado inmobiliario argentino
El Gobierno impulsa un proyecto que elimina colegiación obligatoria y aranceles mínimos en el sector inmobiliario argentino, modernizando el corretaje.

Desregulación mercado inmobiliario: un giro histórico
La administración nacional encabezada por Javier Milei presentará ante el Congreso un ambicioso proyecto legislativo enfocado en la desregulación mercado inmobiliario, eliminando barreras normativas que han caracterizado al sector durante décadas. Esta iniciativa representa un cambio paradigmático en la forma de regulación del corretaje y las operaciones inmuebles en el país.
El proyecto contempla la supresión de requisitos que actualmente limitan el ejercicio profesional en materia de transacciones inmobiliarias, incluyendo estructuras corporativas y restricciones que han protegido históricamente a ciertos actores del mercado.
Principales medidas de la reforma inmobiliaria
Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación de la colegiación obligatoria, un sistema que ha requerido que los profesionales del sector se afilien a colegios profesionales para poder ejercer legalmente. Esta medida busca ampliar el acceso al mercado laboral y reducir costos operativos para nuevos emprendedores.
Fin de los aranceles mínimos
La supresión de los aranceles mínimos representa otro aspecto central de la desregulación. Actualmente, existen tarifas establecidas que fijan el costo mínimo de las comisiones en operaciones inmobiliarias. La eliminación de estas restricciones permitiría que los corredores negocien libremente sus honorarios directamente con los clientes, fomentando la competencia en precios.
Flexibilización de restricciones territoriales
El proyecto también suprime las restricciones territoriales que limitaban a los profesionales a operar únicamente en jurisdicciones específicas. Esta medida facilitaría la operación de corredores en múltiples provincias sin necesidad de afiliaciones separadas en cada territorio, modernizando la estructura de negocios del sector inmobiliario.
Cambios en los requisitos de formación profesional
Una de las transformaciones más controversiales es la eliminación de la exigencia de poseer un título universitario para ejercer el corretaje inmobiliario. Según la propuesta gubernamental, individuos sin formación académica formal podrían acceder a esta actividad comercial, siempre que cumplieran con otros requisitos que se determinarán en la normativa complementaria.
Esta medida busca democratizar el acceso a la profesión y reducir barreras de entrada que históricamente han limitado la competencia en el sector. Aunque genera debate sobre la protección del consumidor, el Gobierno argumenta que la libre competencia generará incentivos para mantener estándares de calidad.
Contexto de la reforma estructural
La iniciativa se inscribe dentro de un programa más amplio de desregulación económica que busca reducir la intervención estatal en diversos sectores productivos. La administración considera que eliminar requisitos obsoletos permitirá dinamizar la economía y atraer inversiones al mercado inmobiliario nacional.
El sector inmobiliario representa una parte importante de la economía argentina, generando empleos directos e indirectos y contribuyendo significativamente a la inversión privada. Una mayor fluidez en sus operaciones podría estimular transacciones y modernizar prácticas comerciales.
Próximos pasos legislativos
El proyecto será presentado ante el Congreso Nacional, donde deberá atravesar los trámites parlamentarios correspondientes. Su aprobación requerirá debate en ambas cámaras y consenso legislativo, aspectos que dependerán de la composición del Parlamento y las posiciones de los diferentes bloques políticos respecto a esta desregulación del mercado inmobiliario.
Los colegios profesionales inmobiliarios y asociaciones gremiales del sector probablemente presentarán observaciones al proyecto, mientras que sectores que favorecen la liberalización económica apoyan estas medidas. El resultado final dependerá de cómo se resuelvan estos debates en el proceso legislativo.
