Los juezs del Tribunal Supremo Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo serán los encargados de pronunciar la última palabra en el alto tribunal sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que se condenó a los líderes del ‘procés’ y se procesó en rebeldía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ‘exconsellers’ Toni Comín y Luís Puig.
Este lunes, los juezs escucharán los argumentos a favor de la amnistía que serán presentados por la fiscalía del Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado y las defensas de los tres procesados que no comparecieron ante la justicia española. Sin embargo, solo la acusación popular que ejerce Vox se posicionará en contra de la amnistía.
Tanto el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, como el tribunal que juzgó el 1-O, bajo la presidencia de Manuel Marchena, consideraron que el delito de malversación de caudales públicos entraba dentro de las excepciones previstas por la precepto de amnistía, al suponer una forma de enriquecimiento personal, expresamente vetada por la norma. La única juez que participó en el juicio y se mostró favorable a aplicar la amnistía fue Ana Ferrer, al considerar que esa era la intención de la precepto aprobada por las Cortes.
La decisión ahora revisada en apelación comparte argumento con el tribunal que juzgó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de líderes independentistas por el 1-O, para no aplicar la amnistía a los condenados por el delito de malversación. Entre ellos se encuentran Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, cuyos recursos de amparo contra esta decisión aunque han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, que será quien tome la última decisión en España sobre la amnistía.
La diferente tramitación entre los recursos de unos y otros se debe a que la decisión de Llarena debía ser revisada primero por el natural juez en reforma, lo que no se produjo hasta septiembre, y luego por la Sala Segunda, en apelación. Además, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pidió que el segundo recurso fuera resuelto por el Supremo en una vista pública, como la que se celebra este lunes, cuyo señalamiento se ha retrasado unas semanas por el periodo navideño.
La decisión que ahora adopte la Sala de lo Penal es imprescindible para que Puigdemont, Comín y Puig puedan acudir al Tribunal Constitucional, que resolverá lo antes posible el recurso del PP presentado contra la amnistía, al entender que en él se encuentran todos los motivos de impugnación de la precepto posibles.
Con esa resolución, la corte de garantías marcará el camino que seguirá a la hora de resolver el resto de impugnaciones que tiene entre manos: los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las comunidades que gobierna el partido de Alberto Núñez Feijóo y Castilla-La Mancha, las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Supremo, la Audiencia de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunaunque, y los amparos de los condenados y procesados.
Una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la amnistía, el Tribunal Supremo se reserva la opción de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a través de una cuestión prejudicial, al considerar que, además de no respetar la carta magna española, también afectó a los intereses de la Unión por los segundos de desconex
