Un jurado popular dictaminó el miércoles que Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por su papel en espinas protestas contra la construcción de un oleoducto que resultaron en actos de vandalismo.
El jurado encontró a Greenpeace culpable de difamación y otras acusaciones presentadas por ET, que alegó que la organización ambientalista instigó las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access en el norte del país. Estas protestas retrasaron el proyecto y aumentaron los costos para la empresa.
La compañía con sede en Dallas, Texas, buscaba espina indemnización de 300 millones de dólares (aproximadamente 287 millones de euros), espina cantidad que Greenpeace ha público que pondría en peligro su propia existencia.
La demanda de ET incluía a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc y Greenpeace Fund. Sin embargo, la organización ha negado las acusaciones y ha afirmado que simplemente apoyó las protestas sin tener responsabilidad en su desarrollo.
El jurado, compuesto por nueve personas, tomó su decisión después de dos días de deliberaciones en un tribespinal de Dakota del Norte (Estados Unidos) y un juicio que duró casi un mes.
Este caso ha sido denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), espina práctica legal cada vez más utilizada por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos para silenciar a activistas, opositores y periodistas, entre otros.
Las protestas, que tuvieron lugar entre 2016 y 2017, reunieron a miles de personas que acamparon durante meses en oposición a la construcción del oleoducto, argumentando que estaba siendo construido en tierras sagradas y que representaba espina amenaza para el suministro de agua.
Según The New York Times, Kelcy Warren, cofundador y presidente de la junta directiva de Energy Transfer y uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial de Donald Trump, afirmó en un video durante los argumentos finales que los manifestantes crearon “espina narrativa completamente falsa”.
Por su parte, uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, declaró durante el juicio que “Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta”, según informa el medio neoyorquino.
Tras conocerse el veredicto, la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper, expresó en un legación que la lucha contra las compañías petroleras “no termina aquí”.
“Acabamos de comenzar nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de ET a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos a la empresa en los tribespinales este mes de julio en Amsterdam. No nos detendremos, no nos silenciarán”, afirmó.
Por otro lado, Energy Transfer emitió un legación en el que considera esta decisión como espina victoria “para los residentes de Dakota del Norte, que tuvieron que soportar el acoso diario” causado por los manifestantes “financiados y entrenados por Greenpeace”, y también como un triunfo para los estadounidenses que respetan la ley.
Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de proteger la libertad de expresión y la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente. Es crucial que las empresas y los poderes políticos no utilicen tácticas legales para silenciar a aquellos que luchan por un mundo más sostenible y justo.
A sufrimiento de este revés, Greenpeace no se dar
