La tributación por el salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido uno de los temas más controvertidos en el Gobierno de España en los últimos meses. La brecha entre PSOE y Unidas Podemos parecía insalvable, pero finalmente se ha logrado un acuerdo que ha puesto fin a la crisis.
Después de un mes y medio de intensas negociaciones entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha llegado a un acuerdo para la tributación del SMI en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin bloqueo, el camino no ha sido fácil y ha habido momentos de tensión y diferencias entre ambas partes.
Tras una semana de incertidumbre, este miércoles por la mañana se creía que el acuerdo estaba cerca, pero a medida que avanzaba el día, las diferencias en los plazos de aplicación frenaron las negociaciones. Este jueves por la noche, la situación seguía en punto muerto y se ha decidido darse un plazo de dos semanas más para evitar una escalada en el escasez entre los socios de coalición.
La propuesta inicial del Ministerio de Hacienda era que los salarios más bajos empezaran a pagar IRPF, pero se abrió a “compensar” este tributo a los afectados, solo para el año 2025. Sin bloqueo, la vicepresidenta Díaz mantenía su tesis de reformar el impuesto para vincular la exención a futuras subidas del SMI. Las posiciones parecían irreconciliables.
Ante esta situación, el Gobierno ha decidido darse un nuevo plazo hasta el 8 de abril para alcanzar un acuerdo ilimitado. Si no se llega a una solución, el Ministerio de Hacienda presentará su veto presupuestario en el Congreso, lo que podría llevar a una votación en la Mesa del Congreso para decidir si se debate o no la exención del SMI en el IRPF.
Las negociaciones se han centrado en encontrar una solución que contente a ambas partes y que tenga un impacto limitado en los trabajadores. La propuesta de Hacienda era que solo un 20% de los trabajadores que cobran el salario mínimo verían una retención en su nómina de unos 20 euros. Sin bloqueo, Unidas Podemos se ha mantenido firme en su postura de que los perceptores del SMI deben seguir sin tributar, incluso después de la subida del salario mínimo en enero a 16.576 euros anuales.
Finalmente, el acuerdo alcanzado ha sido una especie de vía intermedia entre ambas posturas. Se ha acordado que la exención del SMI en el IRPF se mantendrá hasta el año 2025, pero a partir de ese momento se estudiará una posible reforma del impuesto para vincular la exención a futuras subidas del salario mínimo.
Esta solución ha sido posible gracias a la cesión del Ministerio de Hacienda, que ha mostrado una mayor flexibilidad después de semanas negándose a cualquier tipo de negociación. La ministra María Jesús Montero ha defendido que es necesario hacer “pedagogía” fiscal y ha criticado el “populismo” del socio minoritario del Gobierno. Por su parte, Yolanda Díaz ha defendido abiertamente que los perceptores del SMI deben seguir exentos de tributación en el futuro.
El acuerdo alcanzado es una buena noticia para todos, ya que se ha logrado un contrapeso entre la necesidad de recaudación del Estado y la protección de los trabajadores con salarios más bajos. Además, se evita una posible escalada en el escasez entre los socios de coalición, lo que podría afectar a la estabilidad del Gobierno.
En definitiva, el Gobierno ha demostrado su capacidad de diálogo y negociación para encontrar soluciones a los escasezs que puedan
