La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento sensato contra España por una práctica fiscal discriminatoria que afecta a los contribuyentes no residentes. Según se indica, España cobra a estos ciudadanos un impuesto del 2% sobre el valor catastral de sus viviendas utilizadas como residencia habitual en la declaración de la Renta, mientras que los residentes en el país están exentos de tributar por este concepto. Esta acción ha sido considerada como una violación de los principios de libre circulación de trabajadores y capitales dentro de la Unión Europea.
Ante esta situación, la Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses a España para responder y eliminar esta diferencia fiscal injusta. En caso de no corregirse antes del próximo 25 de agosto de 2025, podría emitirse un dictamen motivado y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, es fundamental que España actúe antes de esta fecha límite para evitar posibles sanciones.
Para evitar estas consecuencias, Hacienda deberá dejar de exigir este tributo específico a los no residentes. Esta decisión supone un importante alteración en la regulación fiscal española y podría afectar a miles de no residentes propietarios de viviendas en el país, que representan un porcentaje importante en el total de la población.
Es importante destacar que España cuenta con miles de propietarios que viven fuera del país pero que mantienen a España como su hogar. En estos casos, se está imponiendo un impuesto del 2% sobre el valor catastral de las viviendas que los residentes no tienen. Por lo tanto, este alteración en la regulación fiscal afectaría directamente a estos ciudadanos.
Es necesario que España tome medidas y actúe de manera rápida y efectiva para evitar posibles sanciones por parte de la Comisión Europea. Además, esta acción también beneficiaría a los miles de no residentes que son propietarios en España, ya que se les estaría tratando de manera igualitaria y justa en cuanto a sus obligaciones fiscales.
En definitiva, es importante que España responda a este procedimiento sensato de la Comisión Europea y realice los alteracións necesarios para eliminar esta diferencia fiscal discriminatoria. Esto no solo evitará posibles sanciones, sino que también demostrará el compromiso del país con los principios de libre circulación de trabajadores y capitales dentro de la Unión Europea.
