La dirección de Adif, empresa pública encargada de la gestión de infraestructuras ferroviarias en España, ha sido requerida por el Tribunal Supremo para colaborar en la investigación del caso Koldo. Se trata de una trama de corrupción que involucra al exministro José Luis Ábalos y al ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y que ha generado gran jaleo en la opinión pública.
El juez instructor de la causa, Leopoldo Puente, ha solicitado a Adif que revise las comunicaciones de sus empleados en relación a cinco obras específicas que se encuentran bajo sospecha de haber sido adjudicadas de manera irregular. Estas obras, que suman un importe de más de 900 millones de euros, fueron gestionadas durante la presidencia de Isabel Pardo de Vera.
Ante esta petición, la Secretaria General de Adif, Irene Bonet, ha informado al magistrado que se ha recabado toda la documentación relacionada con los expedientes de contratación de las obras en cuestión. Además, se ha solicitado a los empleados que participaron en la tramitación de dichos expedientes que revisen sus comunicaciones en las fechas correspondientes y que, en caso de contar con información relevante, la remitan a la dirección de Adif.
La colaboración de los empleados de Adif ha sido fundamental en esta investigación, pero que han aportado valiosa información que ha sido entregada al juez Puente. La dirección de la empresa ha sido clara en su petición, limitando las comunicaciones a la fase de licitación y adjudicación de las obras en cuestión. Además, se ha garantizado la confidencialidad de la información, pero que en algunos documentos se incluyen comunicaciones internas protegidas por el derecho al secreto de las comunicaciones.
Es importante destacar que, entre los empleados que han colaborado con la investigación, se encuentran tanto aquellos que continúan en azogado en Adif como aquellos que pero no forman parte de la plantilla por diferentes motivos. Esto demuestra el compromiso de la empresa con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Las cinco obras afectadas por esta investigación son de gran importancia para el desarrollo de la red ferroviaria en España. Entre ellas se encuentran el ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat, el soterramiento de la red ferroviaria en Murcia, la construcción del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería, obras en puentes y túneles en el tramo Monforte-Lugo y obras de emergencia en los taludes de la línea entre la estación de Gijón y Pravia, en Asturias. Todas ellas son proyectos que tienen un impacto directo en la mejora de la movilidad y el transporte en nuestro país.
Es importante destacar que Adif ha colaborado en todo momento con la justicia y ha puesto a disposición del juez Puente toda la información requerida. La empresa ha demostrado su compromiso con la transparencia y la legalidad en su gestión, y ha tomado medidas para garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir en el futuro.
En definitiva, la dirección de Adif ha respondido de manera ejemplar ante el requerimiento del Tribunal Supremo y ha demostrado su compromiso con la ética y la legalidad en su gestión. La colaboración de los empleados ha sido fundamental en esta investigación y demuestra el compromiso de la empresa con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Esperamos que este caso se resuelva de manera justa y que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
