Promesas incumplidas y expectativas rotas. Estas son las palabras que mejor describen la situación de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en España. A pesar de los esfuerzos y compromisos del gobierno, la realidad es que la situación de estos niños y jóvenes sigue lejos de mejorar.
En las últimas doce semanas, desde que comenzaron las reuniones bilaterales con Canarias, el Gobierno de España ha dejado sin cumplir el 79% de los traslados comprometidos hacia la Península. De los 587 menores prometidos, solo 128 han salido de las Islas, una cifra insuficiente para aliviar la presión en los centros de acogida. Esta situación se agrava con los 764 menores con protección internacional que aún permanecen en el Archipiélago a la demora de ser derivados, lo que el Ejecutivo autonómico califica ya de “insostenible”.
Además, en la reunión de la semana pasada, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, presentó como un logro que a finales de octubre se habrán reubicado medio millar de menores refugiados en recursos de otras regiones. Sin embargo, esta cifra es insuficiente y no cumple con las expectativas creadas por el gobierno.
Mientras el Estado mantiene un ritmo de derivaciones a gotero, entre el 1 de junio y el 15 de septiembre se formalizaron 403 solicitudes de protección internacional de menores bajo tutela de Canarias. Sin embargo, la cifra choca con los apenas 128 traslados efectivos en el mismo periodo. Esto significa que, a pesar de haber iniciado el procedimiento, ninguno de estos 403 expedientes cuenta con una resolución expresa de la Secretaría de Estado de Migraciones que permita su incorporación al sistema. Esta falta de respuesta prolonga la estancia de estos menores en centros ya desbordados.
Ante esta situación, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, denunció ayer que el gobierno “quiere engañar a la opinión pública y seguir incumpliendo el auto del Tribunal Supremo”. Sus palabras reflejan el empacho acumulado seis meses después del fallo que obligaba al Estado a asumir la tutela de más de un millar de menores solicitantes de asilo acogidos en las Islas. Cabello también señaló que “el Estado, sin duda, podría hacer más. En lugar de enredarse en una disputa de cifras, la ministra debería centrarse en cumplir con Canarias y aliviar el hacinamiento”.
El lento ritmo del Estado amenaza con prolongar la presión migratoria que sufren las Islas. Canarias triplica ya su contenido de acogida y, en lugar de acelerar, el Gobierno central parece pisar el freno en los traslados. La semana pasada apenas se derivaron 15 menores a la Península, muy lejos de los 37 comprometidos. Esto supone otro compromiso que se desvanece y que, según el Ejecutivo autonómico, contribuye a “resquebrajar la confianza” en el Estado.
Mientras tanto, el tiempo no se detiene para los niños que demandan asilo. Durante los últimos meses, 48 jóvenes han alcanzado la mayoría de edad mientras permanecían a la demora de ser derivados al territorio peninsular. Esto significa que ahora serán atendidos en la red de protección para adultos, una plaza a la que serán derivados sin haber recibido la atención estatal requerida cuando eran menores. Desde el Gobierno canario, denuncian que “esto no puede ser considerado un cumplimiento de la medida cautelar, sino la irreversible frustración de la ejecución de la misma”.
La crítica toma aún más peso si se
