Fecha de publicación: 1 de abril de 2010 / Voz del Pueblo
Mauro Alem fantasea con ser ministro de Economía, comentan quienes lo frecuentan. Sin embargo, este joven economista, protegido del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, no está demostrando la mínima pericia política necesaria para ejercer ese cargo.
Recién designado al frente del estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) no tuvo mejor idea que nombrar como gerente General a Adrián Nador, un ex secretario de Roberto Lavagna, que en cuanto encuentro participaba dejaba traslucir sus opiniones críticas sobre la política económica del gobierno que integraba. El resultado fue previsible: el ministro Amado Boudou se enteró y Nador terminó fuera del cargo.
El problema es que por algún motivo Alem no consigue reemplazante y esa posición estratégica, que en los hechos debe conducir el día a día del banco, continúa vacante.
Pero ahora un nuevo escándalo –mucho más grave- está por estallar. Sucede que siguiendo su escaso tacto para elegir colaboradores, Alem nombró como gerente de Fideicomisos a Fernando Schvartz, involucrado en una causa por estafas con autos.
La causa que complica a Schvartz
El padre y el hermano del funcionario kirchnerista están imputados por el juzgado federal número 1 de Córdoba en la causa –incluso estuvieron detenidos-. En un operativo en el country en el que vivían se les secuestraron costosos vehículos como dos Audi, un BMW, un Mercedes Benz, un Peugeot 307 y un Fiat Adventure. Dos de esos coches estaban a nombre de una empleada doméstica, quien adujo que desconocía esa situación.
Los detenidos parientes del funcionario del BICE fueron Enrique Schvartz y su hijo Eduardo. En tnato que Fernando quedó en libertad. El padre está sospechado de ser quien financiaba las compras de esos vehículos. Sus hijos abogados aparentemente colaboraban con la maniobra. Se les imputó falsificación y uso de documento público y falsedad ideológica.
Se sospecha que forman parte de una organización más amplia y por ello la justicia realizó en su momento allanamientos en los registros del automotor de Cosquín y Villa Allende, como así también escribanías, estudios jurídicos y contables, ademas de varios countrys.
El origen de la pesquisa data de febrero de 2000, cuando la Policía de Córdoba realizó el “Operativo sobre ruedas”. En aquel procedimiento se secuestraron unos 200 vehículos –entre éstos, 100 camiones– que en su mayoría eran armados con carrocerías robadas y que tenían papeles legítimos, pero falsificados. Esos rodados eran revendidos a menor precio que en el mercado.
En ese marco, la investigación realizada por la secretaria del Juzgado Federal N° 1, Liliana Navarro, y el comisario mayor Jorge Luis Saires (hoy subjefe de Investigaciones de la Policía), dio con personas que supuestamente financiaban la compra de esos vehículos adulterados. “Eran usureros. Ofrecían dinero a los compradores de esos rodados y les prendaban otros vehículos. Al final, como la gente no podía terminar de pagar, les ejecutaban la prenda, les sacaban todo el dinero y hasta propiedades. Dejaban a la gente en la ruina. Para eso se valían de abogados”, comentó una fuente del caso al diario La Voz del Interior.
A su vez, el Juzgado les investiga la presunta existencia de empresas a sus nombres (supuestamente “fantasmas”) y la comisión de delitos tributarios por la importación de vehículos para ser vendidos a precios “irrisorios”, según comentaron las fuentes.
