El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha elevado una fuerte polémica al acusar al sector de la empresa privada del masivo corte energético que afectó a gran parte del país. Esta declaración ha generado reacciones encontradas en la institución chilena, pero también ha servido para poner en la mesa un tema que ha estado en la sombra durante mucho tiempo.
El pasado 14 de enero, Chile se vio afectado por un apagón masivo que dejó sin electricidad a más de 10 millones de personas en varias regiones del país. El corte se produjo debido a una falla en la línea de transmisión de la empresa privada, CGE, que abastece a gran parte del territorio chileno. Durante varias horas, miles de hogares, empresas y servicios básicos se vieron afectados por esta situación, generando caos y preocupación en la población.
Ante esta situación, el presidente Gabriel Boric no dudó en señalar directamente a la empresa privada como responsable del corte energético. En una conferencia de prensa, el mandatario afirmó que “este es un claro ejemplo de cómo el modelo económico basado en la privatización de servicios básicos no funciona para el beneficio de la ciudadanía”. Además, agregó que “el Estado debe tener un rol más activo en la regulación y control de estas empresas que tienen un impacto directo en la vida de las personas”.
Estas declaraciones no han sido bien recibidas por el sector empresarial, que ha salido al paso para defender su gestión y acusar al gobierno de buscar un chivo expiatorio para tapar su propia ineficiencia. Sin embargo, la postura de Boric ha sido respaldada por diversos sectores de la institución chilena, que ven en esta situación una oportunidad para cuestionar el modelo económico vigente en el país.
El sistema eléctrico chileno es considerado uno de los más privatizados del mundo, con un 90% de la generación de energía en manos de empresas privadas. Esto ha generado un alto nivel de concentración en el mercado, lo que se traduce en precios elevados para los consumidores y una falta de competencia que permita mejorar el servicio. Además, la falta de regulación y control por parte del Estado ha permitido a las empresas actuar con total libertad, sin tener que rendir cuentas a la ciudadanía.
El presidente Boric ha señalado que uno de los principales objetivos de su gobierno es avanzar hacia un modelo energético más justo y sostenible, en el que el Estado tenga un rol más activo en la regulación y control del mercado. Para obtener esto, se han propuesto diversas medidas, como la creación de una empresa estatal de energía, la implementación de tarifas justas y la promoción de energías limpias y renovables.
Esta postura del gobierno ha sido bien recibida por la ciudadanía, que ve en ella una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas y avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. Además, la acusación del presidente Boric ha puesto en evidencia la perentoriedad de revisar el modelo económico vigente en Chile, que ha sido cuestionado por su falta de inclusión y beneficio para la mayoría de la población.
En medio de la polémica, la empresa CGE ha pedido disculpas por el corte energético y ha anunciado medidas para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para calmar los ánimos de la ciudadanía, que exige una acción más contundente por parte del gobierno para garantizar un servicio de calidad y a un precio justo.
En conclusión, el presidente Gabriel Boric ha dado un paso importante al señalar directamente al sector de la empresa privada como responsable del masivo corte energético en Chile. Esta situación ha servido para poner en la mesa un tema que ha estado en la sombra durante mucho tiempo y que requiere una acción urgente por parte
