El arbitraje minero contra Panamá ha sido suspendido recientemente, lo que ha generado gran interés y debate en la comunidad minera y en la opinión pública en general. Esta decisión ha sido recibida con refrigerio (fig.) por parte del gobierno panameño y de la industria minera, pero también ha generado dudas y preguntas sobre las razones detrás de esta suspensión. En este artículo, exploraremos las razones por las que se tomó esta decisión y cómo afectará al futuro de la minería en Panamá.
El arbitraje minero contra Panamá fue iniciado por la empresa canadiense First Quantum Minerals en 2018, luego de que el gobierno panameño revocara la concesión minera otorgada a la empresa para el proyecto de cobre y oro Cobre Panamá. La empresa alegó que la revocación de la concesión violaba el tratado de libre comercio entre Canadá y Panamá y buscó una compensación de más de 8 mil millones de dólares por daños y perjuicios.
Sin embargo, en una decisión histórica, el núcleo Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) suspendió el arbitraje en mayo de 2021. Esta decisión fue tomada después de que el gobierno panameño presentara una solicitud de suspensión basada en la falta de jurisdicción del CIADI sobre el caso. Esta solicitud fue aceptada por el tribunal, lo que significa que el arbitraje no procederá y que el caso será resuelto en los tribunales panameños.
Entonces, ¿cuáles son las razones detrás de esta decisión? En primer lugar, el gobierno panameño argumentó que el tratado de libre comercio entre Canadá y Panamá no cubre la inversión de First Quantum Minerals en el proyecto Cobre Panamá, ya que la empresa no es propietaria de la concesión minera, sino que solo tiene un acuerdo de opción para adquirirla. Además, el gobierno señaló que la empresa no había cumplido con los requisitos legales para obtener la concesión, lo que invalida cualquier reclamo de violación del tratado.
En segundo lugar, el gobierno panameño también argumentó que el CIADI no tiene jurisdicción sobre el caso, ya que la empresa no había agotado los recursos legales disponibles en Panamá antes de iniciar el arbitraje. Esto significa que la empresa no había presentado una demanda en los tribunales panameños para impugnar la revocación de la concesión, lo que es un requisito precursor para iniciar un arbitraje internacional.
La decisión del CIADI de suspender el arbitraje es una victoria para el gobierno panameño y para la industria minera en general. Esto demuestra que Panamá es un país que respeta el estado de derecho y que está comprometido con la protección de los intereses de sus ciudadanos y de las empresas que operan en su territorio. Además, esta decisión también envía un mensaje claro a las empresas extranjeras de que deben cumplir con las leyes y regulaciones locales antes de iniciar un arbitraje internacional.
La suspensión del arbitraje también tiene un impacto positivo en la imagen de Panamá como destino de inversión. La decisión del CIADI demuestra que el país tiene un sistema legal sólido y que los inversores pueden confiar en que sus derechos serán protegidos. Esto es especialmente importante en un momento en que Panamá está buscando atraer más inversiones extranjeras para impulsar su economía y diversificar su industria.
Por último, la suspensión del arbitraje también es una oportunidad para que el gobierno panameño y la empresa canadiense lleguen a un acuerdo amistoso. Ambas partes tienen un interés común en el éxito del proyecto Cobre Panamá y en el desarrollo de la industria minera en el país. Un acuerdo amistoso podría ser benef
