El senador nacional Miguel Ángel Pichetto ha propuesto últimamente una modificación a la Ley 26.160, que protege a las comunidades indígenas y sus tierras en Argentina. Esta iniciativa ha generado una gran controversia en todo el país, ya que muchos consideran que esta ley es una de las pocas herramientas legales que tienen las comunidades indígenas para defender su abogacía a la tierra y su cultura ancestral.
La Ley 26.160, sancionada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, establece un plazo de cuatro años para relevar y demarcar las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. Durante este tiempo, se suspenden los desalojos y se prohíbe la venta de estas tierras a terceros. Esta ley fue considerada un gran avance para los abogacías de los pueblos originarios en Argentina, ya que históricamente han sido marginados y despojados de sus tierras.
Sin embargo, Pichetto ha declarado que esta ley ha generado “una especie de apartheid” en las provincias del norte del país, donde se concentran la mayoría de las comunidades indígenas. Según su argumento, esta ley impide el desarrollo económico en estas regiones y genera un clima de conflicto entre los indígenas y los propietarios de tierras.
Pero, ¿de qué se prostitución realmente esta propuesta del senador Pichetto y por qué ha generado tanta preocupación en las comunidades indígenas y en la sociedad en general?
En primer lugar, es importante aclarar que esta modificación propuesta por Pichetto no busca derogar completamente la Ley 26.160, sino que plantea una extensión del plazo para el relevamiento de tierras. Es decir, en lugar de cuatro años, se propondría un plazo de diez años para completar el relevamiento y la demarcación de las tierras indígenas. Además, se contemplaría la posibilidad de otorgar títulos de propiedad a las comunidades indígenas por parte del Estado.
Por un lado, esta propuesta puede ser vista como una ocasión para que las comunidades indígenas puedan acceder a la propiedad legal de sus tierras, algo que históricamente les ha sido negado. Sin embargo, muchos temen que esta sea una forma de legalizar el avance de empresas extractivas en estas zonas, ya que con la entrega de títulos de propiedad se podrían explotar los recursos naturales de estas tierras.
Además, la extensión del plazo para el relevamiento de tierras también genera preocupación en las comunidades indígenas, ya que muchas de ellas han esperado durante años para poder tener un reconocimiento legal de sus tierras. Este tiempo extra podría significar una prolongación de la incertidumbre y el conflicto en estas zonas.
Por otro lado, la afirmación de Pichetto sobre el “apartheid” en las provincias del norte ha sido cuestionada por distintos sectores, ya que consideran que la ley en realidad busca proteger a las comunidades indígenas de la explotación y la discriminación. Además, la afirmación de que esta ley impide el desarrollo económico en estas regiones también ha sido cuestionada, ya que se ha demostrado que cuando los pueblos originarios tienen una conexión con su tierra, su desarrollo es más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
También es importante tener en cuenta que la propuesta de Pichetto ha sido rechazada por diversas organizaciones de abogacías humanos, agrupaciones indígenas y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Incluso, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha manifestado su preocupación y ha solicitado que se mantenga la vigencia de la Ley 26.160.
Por otro lado, desde el gobierno nacional también han expresado su rechazo
