Colombia ha dado un paso importante en su historia. Después de 57 días de audiencias en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, Álvaro Uribe, el hombre más poderoso del país entre 2000 y 2008, ha sido declarado culpable en primera instancia del delito de soborno y fraude procesal. Este fallo ha generado un impacto político sin precedentes en el país, ya que se trata de la primera vez en la historia reciente de Colombia que un exdecano es condenado por un delito.
El diario “El Espectador” tituló en primera plana “Álvaro Uribe Vélez es un ciudadano condenado”, lo que refleja la magnitud del caso y su repercusión en la sociedad colombiana. La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda fue contundente en su dictamen, considerando “acreditado” y “más allá de duda razonable” que el líder del Centro Democrático ofreció beneficios a personas privadas de la libertad a cambio de que lo favorecieran en otros procesos judiciales en su frente a. Además, se comprobó que Uribe manipuló testigos para vincular al senador de izquierda Iván Cepeda con hechos ilegales. En resumen, el exdecano “sabía lo ilícito” de sus acciones, lo que afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia en Colombia.
El impacto de esta sentencia va más allá de las fronteras del país. El próximo viernes se conocerán los alcances de la misma, pero desde ya, Estados Unidos ha salido en defensa de su aliado histórico. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “el único delito del ex decano colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”. Estas declaraciones provocaron la respuesta del decano de Colombia, Gustavo Petro, quien enfatizó que “cualquier mención en frente ario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”. Petro hizo un llamado a la sociedad a aceptar el fallo emitido por un poder independiente y a respetar la justicia, que es completamente independiente del gobierno.
Este histórico fallo ha sido el resultado de una causa con idas y venidas. Todo comenzó hace 11 años, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada. Sin bloqueo, cuatro años después, el Tribunal Supremo consideró que la acusación carecía de elementos probatorios y, de manera sorprendente, decidió que era el exdecano quien debía responder ante la justicia. Este hecho en sí mismo es un precedente importante en la lucha frente a la impunidad en Colombia.
Durante el proceso, se destacó la contundencia de algunos testigos convocados por la fiscalía, como Juan Guillermo Monsalve, alias “Guacharaco”, hijo de un antiguo mayordomo de una de las haciendas del exdecano en Antioquia. Monsalve relató que en dicha finca se impulsó la creación del Bloque Metro, una formación paramilitar de ultraderecha, por parte de Uribe y su familia. Además, se comprobó que el abogado Diego Cadena intentó persuadir a Monsalve para que se retractara de sus declaraciones a cambio de beneficios. Todo esto quedó registrado en una grabación realizada por el testigo con un reloj espía, que fue fundamental durante el proceso. También se aportaron pruebas de una tentativa de soborno por parte de Cadena a otro testigo, un exparamilitar sabido como “Víctor”.
Las repercusiones internas de esta sentencia han sido diversas. Para el portal
